El Tribunal Constitucional, una institución más allá del poder judicial

TcEl viernes 6 de diciembre se volvió a celebrar el aniversario de la Constitución española (CE) de 1978, por ello he considerado apropiado hablaros del Tribunal Constitucional (TC), como intérprete supremo de la norma fundamental.

El Tribunal Constitucional se regula por el título IX (artículos 159-165) de la propia Constitución y la Ley Orgánica 2/1979 (LOTC). Al ser el garante de la Constitución, prevé varios mecanismos de impugnación, entre los que destacan:

  • El recurso de inconstitucionalidad (artículos 31-34 LOTC) contra leyes y normas con fuerza de ley publicadas en el boletín oficial. La formulación del recurso se debe interponer antes de tres meses a partir la publicación. Las personas legitimadas para ejercerlo son: el presidente del gobierno, el defensor del pueblo y cincuenta diputados o senadores. No obstante, si el objeto fuera una ley/norma autonómica, el plazo podrá prolongarse hasta nueve meses, si antes se ha reunido una comisión bilateral de cooperación entre ambas administraciones.
  • La cuestión de inconstitucionalidad (artículos 35-37 LOTC). Cuando un juez o tribunal duda sobre la constitucionalidad de una ley/norma con rango de Ley, aplicable al caso que se está juzgando y de cuya validez dependa el fallo.
  • El recurso de amparo (artículos 41-58 LOTC) ante la vulneración de los derechos fundamentales (artículos 14-29 CE), originadas por las disposiciones, actos jurídicos, etc. de los poderes del Estado, Autonomías y demás entes públicos. Este recurso tiene un carácter judicial subsidiario, es decir, es el «último remedio» tras la jurisdicción ordinaria. Los plazos para la interposición del recurso es entre veinte y treinta días desde la notificación de la resolución que pone fin a la vía judicial previa.
  • Los conflictos de competencia (artículos 59-65 quinquies LOTC) entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de estas entre sí por controversias relativas a la titularidad de competencias o al ejercicio de las mismas (artículos 148 y 149 CE).

Todos estos mecanismos aplicados para la defensa de la Constitución derivan en declaraciones, autos o sentencias que se publican en un suplemento en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, el propio Tribunal Constitucional tiene una base de datos jurisprudencial propia en su web: https://hj.tribunalconstitucional.es

La base de datos en su versión original se compone de un buscador con tipo, número y fechas de las resoluciones, y un campo de texto libre con un desplegable que permite buscar en las distintas partes de las mismas y otros datos identificativos.tc2

Sin embargo, el buscador tiene un menú a su derecha que permite añadir más campos para afinar los posibles resultados: tc3

Desde mi punto de vista, la «Búsqueda por disposiciones citadas» es el campo más útil porque permite realizar búsquedas por el artículo de las normas que han sido impugnadas o citadas por el Tribunal Constitucional:tc4

En la pantalla de resultados aparecerá un listado que podremos afinar aun más seleccionando el «tipo» de resolución (declaración, auto o sentencia) o «proceso» (R.I. (recurso inconstitucional), cuestión, amparo u otros).

Cada resultado es identificado inicialmente por el número y fecha de la resolución, así como el BOE y la fecha de la publicación, púlsalo para acceder a la versión en formato html. No obstante, si posicionas el cursor encima de la información se muestra el proceso, las síntesis descriptiva y analítica, y el documento en pdf:tc5

La versión en html de las resoluciones tiene varias utilidades a destacar: Las resoluciones están provistas del texto completo, una ficha técnica (datos identificativos), índices (normativa impugnada y citada, y resoluciones judiciales de otros tribunales citadas) y descriptores (constitucionales, materiales (generales) y visualización (ontología semántica):tc6

A modo de conclusión, el Tribunal Constitucional ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar todas estas funcionalidades. Bien es cierto que sus resoluciones son más fáciles de analizar ya que consisten en confirmar o desmentir que una norma o acto es constitucional. Ello no debe desmerecer su iniciativa y evolución. En otro post analizaré las funcionalidades de carácter lingüístico (su tesauro y ontología semántica) del buscador, así como el curioso concepto «tique«.

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