Buceando entre documentación jurídica

La XIII Legislatura acaba de comenzar, aunque parece que no consigue arrancar. Sin embargo, el Senado decidió estrenar su nuevo buscador a finales de mayo. Desde mi punto de vista, el producto tiene muy buena pinta, se nota que los documentalistas han participado notablemente de la nueva estructura y funcionalidad.

La colección se compone de los expedientes y documentos derivados de la actividad parlamentaria desde 1977 (conoce en este post el funcionamiento de la tramitación parlamentaria).

El acceso al buscador desde el menú principal del portal de la web del Senado nos traslada por defecto a la «Búsqueda simple«. La otra opción es seleccionar «Búsquedas temáticas» que nos transporta a un directorio compuesto por veintidós bloques temáticos, subdivididos en ochenta y tres áreas. Estas agrupaciones se han creado por el etiquetado (taggeado) de los elementos de la colección según los descriptores del Tesauro de la Institución. Una vez hemos seleccionado un bloque, la herramienta nos presenta los resultados en la «Búsqueda avanzada» para que podamos seguir filtrando por palabra clave, término, área, etc.

La última opción, y a mi modo de ver, la más sencilla de usar para localizar un expediente concreto o para hacer un seguimiento de la tramitación parlamentaria es la «Búsqueda guiada» de iniciativas:

A continuación os remarco aquellos campos de mayor relevancia:

El campo «Texto libre» está vinculado con los términos del Tesauro y los términos sugeridos (marcados por defecto), por lo que el buscador te ayuda a seleccionar palabras normalizadas. La estrategia de búsqueda permite utilizar operadores booleanos en mayúsculas e inglés (AND, NOT, OR, «…»). La «Legislatura» en curso siempre aparece por defecto, por lo que deberéis tener cuidado si necesitáis documentación anterior. Las fechas ayudan a acotar si realizáis un seguimiento periódico, ya que solo ofrece como resultados los expedientes que se han añadido o modificado en la fracción de tiempo escogida. Por último, la «Situación actual» (en trámite o concluido) es otra forma de filtrar para saber si el texto de una iniciativa sigue en el Senado o ya se ha remitido al Congreso.

A modo de ejemplo, tras realizar una búsqueda con el término del Tesauro «hipoteca» y seleccionando «Proyecto de Ley» en la XII Legislatura he localizado el Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Los expedientes del Senado son reconocibles por sus miniaturas que se van coloreando según se va tramitando la iniciativa en las distintas instituciones. No obstante, hay que destacar que han añadido en los datos identificativos del expediente el campo «Observaciones» que resume qué ha ocurrido con el texto remitido por el Congreso. Otro punto relevante y de gran ayuda es la fijación de fechas para enmiendas y la finalización del trámite en el Senado (esta información ya venía en el antiguo buscador, pero me parecía importante recalcarlo).

El centro de documentación de la Cámara Alta siempre ha sido muy innovador. La inversión que ha destinado en su nuevo buscador, desarrollado por Baratz, obtendrá en breve buenos resultados, aunque habrá que esperar al consenso político para comprobar su funcionamiento a pleno rendimiento y sus posibles fallos.

El martes a las 7:35 de la mañana descubrí sorprendido que la web del Boletín Oficial de Estado (BOE) se había actualizado. Su visualización se adapta a los distintos dispositivos desde los que se puede consultar.

Ahora la web se estructura en cuatro secciones:

• Menú principal: Compuesto por los apartados: «Idioma» (la versión en castellano es la única que funciona en toda la web), «Buscar» (buscador universal) y «Mi BOE» (antiguo BOE a la Carta, ver post anterior).

• Diarios oficiales: Se ha trasladado a un solo click el acceso a los últimos BOE y BORME, así como sus buscadores y calendarios. También se ha creado un acceso directo a las webs del DOUE y a los listados de boletines autonómicos y provinciales (BOP).

• Información jurídica: Al igual que la sección anterior, pone a un solo click para el usuario todas las bases jurídicas públicas (en distintos posts he analizado: CENDOJ, Consejo de Estado, Fiscalía y Abogacía del Estado y Gazeta) en el apartado «Todo el Derecho«, así como el proyecto «Biblioteca Jurídica Digital» (comentada en estos  otros posts: Códigos electrónicos y Anuarios y otras publicaciones).

• Otros servicios: Se compone de tres apartados: «Notificaciones» o tablón edital único, donde podrás encontrar aquellas notificaciones no comunicadas directamente al interesado (ya hablaré de este servicio en un post); «Portal de subastas» judiciales, notariales y tributarias de las distintas Administraciones; y «Anunciantes«, que permite contactar con la Agencia del BOE para publicar anuncios en BOE o BORME.

Sin embargo, la novedad del portal ha sido la colaboración de la Agencia con la Real Academia Española (RAE), quienes han desarrollado una aplicación que facilita la comprensión de los conceptos jurídicos.

A modo de ejemplo, si buscas la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario en en el subapartado «Buscar en BOE», podemos hacer uso del Diccionario del español jurídico (DEJ) para encontrar definiciones de términos jurídicos incluidos en dicha norma:

1. Marca el concepto desconocido.
2. Pulsa el icono DEJ.
3. Selecciona el concepto que el diccionario ha relacionado.
4. Aparición de una ventana con la definición del concepto, la norma que lo regula y los conceptos relacionados (ver imagen).

El nuevo BOE es una reorganización de su antigua web para optimizar su visualización, acceso y usabilidad. El cambio ha sido un acierto. ¡Enhorabuena! No obstante, tengo dos sugerencias para seguir mejorándola: añadir el enlace a la web del Consejo Europeo/de la Unión Europea en el subapartado «Derecho de la Unión Europea» e incorporar la legislación publicada en Traducciones del Derecho español del Ministerio de Justicia a  las fichas de sus correspondientes normas (aunque sigan siendo de pago) para darlas a conocer, mejorar las versiones en inglés y francés, y rentabilizarlas.

El martes pasado, el diario Expansión publicó por primera vez su suplemento «Expansión Jurídico«, dirigido por Sergio Saiz.

La colaboración de este periódico con el mundo jurídico viene de lejos, pues su sección «Jurídico» era conocida por publicar los ranking legales en colaboración con el directorio Chambers & Partners, entrevistas a socios-directores sobre las estrategias de sus despachos, artículos sobre legislación y jurisprudencia que afectaba a los negocios y anuncios de los fichajes estrella.

Además, desde 2016 celebra los Premios Expansión Jurídico a la Excelencia en la Práctica del Derecho de los Negocios, que se han convertido en la gala anual del sector legal por excelencia en el país, reconociendo el valor del trabajo de los despachos participantes según categoría (energía, banca, infraestructuras…), mejor operación del año, despacho, boutique, start-up, abogado…

Entonces, ¿qué novedad incluye este suplemento? Expansión pretende añadir a lo comentado anteriormente:

• Estudiar tendencias y modelos de gestión.
• Apostar por la innovación y el legaltech.
• Analizar operaciones corporativas y conflictos empresariales.
• Elaborar guías prácticas legales.
• Dar cobertura diferenciada a los despachos británicos y estadounidenses.
• Investigar los nuevos perfiles profesionales, los planes de carrera y las fórmulas de detección de jóvenes talentos en los bufetes y áreas jurídicas de las empresas.

De momento, el primer ejemplar del suplemento ha cubierto las expectativas. ¡Enhorabuena a sus redactores!

Uno de los rivales del Expansión Jurídico es el suplemento «Legal» del periódico Cinco Días, dirigido por Pedro del Rosal. Este diario sufrió una reestructuración radical en 2017 que lo modernizó, eliminando duplicidades con su «matriz», el periódico generalista El País. Ello, junto con el acuerdo de colaboración que había firmado con la filial española de la compañía Wolters Kluwer (empresa dedicada a la edición, información, conocimiento, formación y software en el sector jurídico) produjo el nacimiento de esta sección diaria.

Ambas publicaciones tienen una visión común, pero a diferencia del suplemento anterior, Cinco Días apuesta mucho más por el análisis de sentencias de actualidad (la mayoría de ellas enlazadas en el propio artículo), hecho muy valorado por juristas y documentalistas jurídicos.

El tercer suplemento que os voy a presentar es «Buen gobierno: iuris & lex y RSC» del periódico El Economista, dirigido por Xavier Gil Pecharromán. Esta publicación mensual más la sección diaria «Normas y tributos» conforman Ecoley, el entorno legal de este diario. 

Hace unos meses eran tres suplementos diferentes. La idea de fusionarse, y en consecuencia, reorganizarse, le han dado otra visión. En ocasiones se trataba de una recopilación de artículos publicados en la sección jurídica diaria del periódico, y para aquellos que lo seguimos, le restaba valor, lo que ha supuesto un buen cambio.

En cuanto al contenido actual, El Economista apuesta por el análisis de sentencias recientes y artículos de opinión de hechos legales de actualidad. Sin embargo, destacan sus reportajes que estudian informes económicos o de mercado, publicados por instituciones públicas o compañías internacionales especializadas.

¿El futuro de estas publicaciones será convertirse en un magazine como The lawyer o Legal week en Reino Unido?

Si es así, deberán competir contra Iberian Lawyer que desde este mes de abril ha comenzado a editar mensualmente y de manera gratuita su revista. Esta publicación en castellano e inglés (hecho que amplía su audiencia a un espectro global)  ha mantenido sus valorados informes jurisdiccionales y sectoriales, pero ha apostado por el análisis de modelos de gestión de despachos y entrevistas ad hoc a socios-directores. A su vez, continúa elaborando sus propios ranking y celebrando sus valorados premios (abogados promesa menores de 40 años, abogados in house e inspiral law).

La Abogacía General del Estado es el órgano que proporciona asistencia jurídica al Estado, en pocas palabras, son sus abogados defensores. El cuerpo se regula por la Ley 52/1997 sobre asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas y el Real Decreto 997/2003 que aprueba el Reglamento del servicio jurídico del Estado. Las funciones y competencias principales de este órgano son:

• Asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado.
• Representación y defensa del Estado ante los tribunales de todo orden jurisdiccional y el Tribunal Constitucional, así como en procedimientos prejudiciales y extrajudiciales.
• Asistencia jurídica y representación en materia comunitaria ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
• Asistencia jurídica de Estado ante organismos internacionales, o procedimientos judiciales o extrajudiciales en el extranjero.
• Promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades que tengan por finalidad la difusión del conocimiento sobre cuestiones jurídicas de ámbito nacional o internacional.

La Abogacía General del Estado en colaboración con la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Ministerio de Justicia publican la obra Anales de la Abogacía del Estado, una selección de sus dictámenes y escritos judiciales desde 1997. Esta publicación pretende ser una expresión de los distintos aspectos del asesoramiento en Derecho y la representación judicial en defensa del Estado en todas las ramas jurídicas, aportando doctrina desde la visión del servicio jurídico del Estado.

Estos dictámenes y escritos judiciales se pueden buscar en la base de datos «Abogacía del Estado» de la sección «Legislación» de la web del BOE. El formulario de búsqueda es muy simple:

No aconsejo buscar por «Título» a menos que este se sepa, lo más funcional es hacerlo por «Resumen» mediante descriptores.

He realizado varias búsquedas en esta base de datos. Al componerse de una escasa selección de documentos, las probabilidades de localizar información de actualidad que a ciencia cierta se sabe que existe son vagas. Sin embargo, puedes realizar una solicitud a través del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. Hazla con tiempo, la documentación llega, pero la media de espera de respuesta se sitúa aproximadamente entre treinta y cuarenta días.

Todos hemos oído hablar de la Fiscalía, pero… ¿qué es? La Fiscalía, Ministerio Fiscal o Fiscalía General del Estado es un órgano con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Su misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (por ley, de oficio o a petición de los interesados). En pocas palabras, ejerce la acusación del Estado para defender el interés social ante la vulneración de la ley, sobre todo cuando se trata de menores o incapacitados.

Su creación y funcionamiento se regulan en el artículo 124 de la Constitución española de 1978, el artículo 541 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y la Ley 50/1981 que regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal es un órgano único para todo el Estado y ejerce sus funciones por medio de delegaciones propias conforme a los principios de unidad de actuación, legalidad y dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado. Los fiscales son funcionarios que se integran orgánicamente en el Ministerio de Justicia. 

El Fiscal General del Estado, previo asesoramiento de la Fiscalía del Tribunal Supremo, puede dictar doctrina para mantener el principio de unidad de actuación, concretándose en: 

• Circulares: Criterios generales de actuación e interpretación de normas.
• Instrucciones: Disposiciones generales sobre actuación y organización en cuestiones concretas y de menor entidad que las Circulares.
• Consultas. Resolución de cuestiones dudosas planteadas al Fiscal General sobre la interpretación de alguna norma.

Esta documentación de gran interés para la actividad jurídica se puede localizar en la sección «Documentación» de la propia web de la Fiscalía o en el apartado «Doctrina de la Fiscalía» de la sección «Legislación» de la web de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (desde noviembre de 2018).

Considero que este último es más sencillo de usar, por lo que voy a explicar el funcionamiento de su formulario:

Si por ejemplo, buscamos la Circular compliance de la Fiscalía (Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015) y analizamos los resultados que obtenemos, destacamos el análisis del mismo.

Este análisis de carácter informativo (no jurídico) se compone de: vigencia del documento, referencias legislativas anteriores y posteriores, y citas de sentencias del Tribunal Supremo que la interpretan.

A modo de conclusión, debería ser obligatorio que toda información que aporte valor jurídico sea pública. La doctrina de la Fiscalía ha estado a disposición de la ciudadanía a través de su web desde hace muchos años. Sin embargo, desde que firmó el acuerdo de colaboración con la Agencia Estatal del BOE, sus doctrina se ha integrado en un espacio común con el resto de documentación jurídica. Este paso significativo indica que se está creando un portal estatal gratuito que unificará en una misma plataforma toda documentación jurídica de valor para juristas y ciudadanos. ¡Le auguro un gran éxito!