¡Bienvenidos de nuevo! Espero que hayáis conseguido pasar unas buenas vacaciones, desconectando de las obligaciones profesionales y disfrutando de la compañía de vuestras familias y amigos.

Como os dejé caer en mi último post, los meses de mayo y junio estuve muy ocupado, porque realicé el curso Documentación jurídica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Si queréis saber mi opinión, posiblemente escribiré un post narrando mi experiencia personal.

La evaluación del curso dependió de la elaboración de un trabajo por parte del alumnado. El tema a desarrollar fue una «guía» relacionada con la materia a estudiar. En mi caso, planteé el trabajo como un proyecto que me sirviera tanto a nivel académico como laboral, pues siempre había querido recopilar, como fuentes de información, las revistas jurídicas de las universidades españolas.

Mi primera duda fue qué metodología seguir para que la guía no fuera un mero listado de revistas científicas de ámbito jurídico sin ninguna estrategia. Me decidí por seguir tres preceptos para su elaboración: distribución de publicaciones seriadas por área de práctica, posicionamiento de la facultad de Derecho en los rankings nacionales e internacionales y aplicación de software de código abierto.

Sé que el precepto más controvertido de la guía es el posicionamiento de la facultad de Derecho en los rankings nacionales e internacionales. En la Documentación jurídica impera más el expertise del autor que la propia publicación, el número de citaciones o la cantidad de artículos publicados. Por lo tanto, si los catedráticos y profesores son el capital intelectual principal de una universidad, las mejores revistas universitarias deberían ser aquellas publicadas por las mejores facultades de Derecho.

Sin embargo, la revista de Profesional de la Información publicó recientemente un artículo muy interesante titulado “Carta: por un cambio radical en la evaluación de la investigación en España”, que critica las políticas de evaluación de las revistas científicas basadas en indicadores bibliométricos, en especial los índices de impacto. Estas valoraciones tienen repercusión en los rankings de las instituciones académicas, porque el posicionamiento de las universidades en dichos rankings depende del número de artículos publicados en revistas de alto impacto, fomentando que las universidades introduzcan estímulos, programas y acciones destinados a conseguir subir en ellos.

Asimismo, en la XI Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2021), el ponente Isidro F. Aguillo (responsable del Laboratorio de Cibermetría del Centro Superior de Investigaciones Científicas), criticó vehementemente los índices de impacto para la evaluación de revistas científicas por falta de consistencia, duplicidad, diferentes fórmulas de ejecución y sesgos incongruentes.

Por lo tanto, si los autores de «La Carta» y F. Aguillo tuvieran razón, es evidente que no he escogido el medio más fehaciente para elaborar el listado de facultades de Derecho de universidades españolas. La duda está sembrada…

Aquí os dejo el trabajo «Guía de revistas jurídicas de universidades españolas con acceso open source«. ¡Espero que os sea de interés conocer todas estas fuentes de información!