Buceando entre documentación jurídica

Las directivas son normas comunitarias que vinculan a los Estados miembros de la Unión en la conformación de un ordenamiento jurídico común que reposa en una asignación de objetivos, aunque son las instituciones nacionales competentes las que eligen la forma y los medios adecuados (artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

Estas disposiciones armonizadoras son actos legislativos elaborados conjuntamente por el Parlamento y el Consejo Europeo; o a propuesta de la Comisión, un reglamento, una decisión u otra directiva.

En un principio, una directiva entrará en vigor una vez se haya transpuesto a escala nacional. La transposición es obligatoria, salvo cuando el ordenamiento jurídico nacional ya contenga los fines perseguidos por la misma. El plazo máximo para dicha transposición se indicará en el propio texto (generalmente dos años).

Si un país no transpone una directiva o la Comisión Europea no considera que el fin de la misma no se incluye en el ordenamiento, esta puede incoar un procedimiento de infracción (incurriendo en la posibilidad de ser multado) e instruir un procedimiento contra el país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (la sentencia derivará en una nueva condena que puede concluir en otra multa). Todo ello se encuentra regulado en los artículos 258, 259 y 260 del TFUE.

Si la directiva atribuye derechos a los ciudadanos pero su transposición es parcial y confusa, estos podrán acudir al TJUE para presentar una reclamación contra el Estado miembro, pero no contra otro particular (As. C-91/92, Paola Faccini Dori vs. Recreb). Asimismo, les concede la posibilidad de obtener una compensación por dicha transposición parcial o la demora (As. C-6/90 y C-9/9, Andrea Francovich y Danila Bonifaci vs. República Italiana).

Pero ¿cómo podemos identificar si la directiva ha sido ya transpuesta? Vamos a usar de ejemplo la búsqueda de la transposición de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

En primer lugar debemos acudir al buscador avanzado de legislación del BOE:

El resultado que obtendríamos sería la propia directiva. Al pulsar su Análisis nos indicará en que normativa española ha sido transpuesta:

En segundo lugar debemos ir al buscador de la sección Transposición nacional de EUR-lex (web temática del Derecho europeo):

En los resultados aparecerá la norma en donde se implementa la Directiva:

Como habéis podido comprobar, la Directiva 2014/24/UE se transpuso en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Es necesario que comprobéis ambas fuentes de información (BOE y EUR-lex) para cercioraros donde se han implementado las directivas. Si realizáis las búsquedas, pero no obtenéis información, aun cuando ya haya expirado el plazo máximo de transposición, no desesperéis, eso significa que España todavía no las ha transpuesto.

Nuestro país es uno de los Estados miembros más incumplidores en la inclusión de normativa comunitaria a su ordenamiento jurídico (actualmente tenemos varios expedientes de infracción abiertos). Si os habéis fijado en el ejemplo, la directiva se publicó en 2014, en 2016 terminó su plazo de transposición y España la implementó a finales de 2017. En muchos casos, el Real Decreto-ley será el instrumento encargado de transponer directivas ante una posible multa de la Comisión o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los partidos políticos, la prensa y los clientes suelen ser bastante alarmistas cuando se trata de nueva legislación.  Una nueva norma puede suponer una ventaja/desventaja respecto de la situación anterior. Por ello, los miembros de los Departamentos de documentación jurídica tenemos que estar en constante alerta para conocer la situación de los Proyectos/Proposiciones de Ley que se tramitan en las Cortes.

Tramitar una iniciativa legislativa suele ser un proceso largo y complejo. No se trata de un mero procedimiento. Todo depende del arco parlamentario en ambas Cámaras, es decir, política pura y dura. Si en la Legislatura el partido del Gobierno tiene mayoría absoluta o una coalición/acuerdo con un segundo grupo parlamentario en el Congreso que ayuda a conformar esa mayoría absoluta, las tramitaciones de los Proyectos de Ley irán relativamente rápidos; de lo contrario, nunca se sabe en cuanto tiempo se va a llevar a cabo.

Antes de enseñaros el desarrollo de un procedimiento legislativo ordinario, voy a diferenciaros entre Proyecto y Proposición de Ley. El primero es una iniciativa remitida por el Gobierno (en este post analizo los borradores de normativa); el segundo, es una iniciativa presentada por un grupo parlamentario en Congreso o Senado, un Parlamento autonómico, o una iniciativa popular (500.000 ciudadanos).

Las Proposiciones de Ley deberán ser tomadas en consideración por el Pleno, si lo consiguen, la Mesa acordará encomendar su Dictamen a la Comisión correspondiente. Este paso sirve como bloqueo institucional por parte de la mayoría parlamentaria. Si no queréis perder el tiempo, no os intereséis por este tipo de iniciativas hasta que el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) publique las enmiendas.

A continuación podéis ver un breve esquema con los pasos más relevantes de un  procedimiento legislativo ordinario:

La tramitación parlamentaria tiene los plazos de los procedimientos legislativos ordinarios fijados en los Reglamentos de las Cámaras. El Congreso otorga quince días para la presentación de enmiendas (ver post) y para la elaboración del informe de la Ponencia, dos meses a la Comisión para la tramitación, debate y votación del texto, así como la elaboración del dictamen, etc. No obstante, tiene la facultad de poder prorrogarlos un número ilimitado de veces ya sea porque así lo requiere el tratamiento de la iniciativa hasta que haya un consenso político o a modo de bloqueo institucional por parte del grupo/s que conforman la mayoría. Sin embargo, el Senado tiene limitado el plazo máximo completo en dos meses por la Constitución.

Si bien, la tramitación puede declararse de urgencia por la Mesa a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los Diputados (aunque no está obligada a ello). De ser así, los plazos en el Congreso se reducirían a la mitad (tres meses aproximadamente) y el Senado tendría veinte días naturales para aprobar la iniciativa.

Si una iniciativa no finaliza su tramitación antes de acabar la Legislatura caduca, por lo que todo el trabajo realizado anteriormente no sirve de nada. El Gobierno o grupo parlamentario debería presentarla de nuevo tras la constitución de las nuevas Cortes.

A modo de conclusión, la tramitación de un Proyecto/Proposición de Ley es un proceso complejo bastante desconocido por la mayoría, por lo que espero que este post os sirva de guía para entenderlo.

Frecuentemente localizamos referencias de resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) en libros, artículos o sentencias.

La DGRN es un departamento del Ministerio de Justicia, encuadrado dentro de la Subsecretaría. Entre sus funciones destaca la organización, dirección, inspección y vigilancia de las funciones de la fe pública notarial y las de naturaleza registral en las materias de la propiedad, bienes muebles y mercantiles, la evacuación de cuantas consultas le sean efectuadas sobre aquéllas, así como la tramitación y resolución de los recursos gubernativos contra los actos de los titulares del ejercicio de las citadas funciones.

Dichas resoluciones son dictámenes administrativos. Aunque no son fuente del Derecho, tienen carácter vinculante para todos los registradores al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a no ser que sean anuladas por los tribunales (artículo 327 de la Ley hipotecaria, Decreto de 8 de febrero de 1946).

Pero, ¿cómo puedo encontrar las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado? La mayor parte de estas resoluciones se publican en la Sección III – Otras disposiciones del BOE. Es la manera más sencilla y efectiva de localizar las resoluciones por términos, conceptos o artículos de las normas. A continuación os resumo cómo realizar las búsqueda:

También el Ministerio de Justicia publica en su Boletín las resoluciones DGRN, pero no permite realizar estrategias de búsqueda complejas. Si optamos por buscar por documentos sólo nos remitirá a un listado de boletines completos.

Si hemos estado buscando la resolución, pero no la localizamos, podemos revisar la web Notarios y Registradores. No es una fuente oficial, pero el análisis que realizan de las resoluciones es un trabajo organizado y detallado en el que las clasifican cronológicamente o conceptualmente.

En ocasiones nos encontramos con una cita de una referencia a una resolución DGRN antigua. En ese caso la única opción es buscar en los libros que las contienen, como por ejemplo:

• Doctrina mercantil de la Dirección General de los Registros y del Notariado 1995-1999 o 2000-2004, editado por el Centro de Estudios Registrales.
• Fichero registral inmobiliario: jurisprudencia y doctrina entre 1975 y 2011, editado por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Si no localizamos la resolución en ninguna fuente podemos ponernos en contacto con el Ministerio de Justicia, el Colegio de Registradores o el Portal de la Transparencia.

A modo de conclusión, reiterar que las resoluciones DGRN son doctrina administrativa de gran valor para conocer la tendencia de los registradores a la hora de redactar sus notas de calificación. Saber cómo encontrarlas es una habilidad para poder desempeñar un buen trabajo.

La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) han implementado la funcionalidad de enlazar jurisprudencia del Tribunal Supremo con la normativa consolidada.

Aunque la propia web anuncia que se trata de una «selección orientativa de jurisprudencia reciente» a modo de suplemento; también advierte que para disponer de información completa y pormenorizada es necesario consultar la base de datos del CENDOJ.

El fin de dicha nueva funcionalidad está bien desarrollada ya que la búsqueda se puede realizar de dos maneras:

1. Pulsando el apartado «Jurisprudencia«, que deriva al volcado completo de sentencias, pudiendo discriminar por artículo aplicado.
2. Localizando el artículo deseado y pulsar el icono «J«.
   

La referencia de la sentencia, que contiene como datos identificativos: el Nº ROJ, la fecha, la jurisdicción y el resumen; está enlazada directamente con la propia sentencia alojada en la web del CENDOJ. Esta se puede descargar en formato pdf o imprimir.

El BOE y el CENDOJ han conseguido con esta nueva funcionalidad facilitar al ciudadano que no tiene acceso a las bases de datos jurídicas privadas (Aranzadi Insignis, La Ley Digital 360º, Tirant Online, El Derecho, Vlex, etc.) conocer la aplicabilidad de un artículo de una norma en el ámbito jurisprudencial de manera gratuita.

Ello juega en detrimento de las nombradas bases de datos jurídicas que deberán desarrollar nuevas habilidades enfocadas en el big data y la personalización, ya que poco a poco el sector público comienza a implementar este tipo de prestaciones que mejoran el acercamiento a la información y el aprendizaje.